Por: Redacción.
La SAE bajo sospecha: ¿Administradora de bienes o cómplice de la precarización?
La Sociedad de Activos Especiales (SAE), llamada a ser el brazo ejecutor de la justicia social y la democratización de la propiedad en el gobierno de Gustavo Petro, se ha convertido en una auténtica "rueda suelta" que opera bajo una peligrosa autonomía de la negligencia. A pesar de los discursos oficiales de protección al trabajador, la entidad ha mostrado una indiferencia sistemática frente a las vulneraciones de derechos fundamentales en las empresas bajo su custodia. Lo que debería ser un modelo de gestión progresista se ha transformado en un escenario de opacidad donde los desfalcos millonarios conviven con la desprotección total de quienes sostienen la operación de los bienes incautados.
El caso de la empresa Tierra Santa es, quizás, el ejemplo más sangriento de esta desconexión ética. Lo ocurrido allí ha sido calificado por sindicatos y observadores como una verdadera "masacre laboral", ejecutada bajo la mirada omisiva de la SAE. Decenas de trabajadores fueron arrojados a la calle sin las garantías mínimas, en un proceso de despido masivo que parece haber sido facilitado por la propia entidad que debía velar por la continuidad y dignidad de los empleos. Esta complicidad por omisión sugiere que para los actuales administradores de la SAE, el "cambio" no incluye el respeto por la estabilidad de la clase trabajadora, dejando a las familias en la vulnerabilidad absoluta mientras los activos se marchitan o se evaporan entre dedos corruptos.
Esta crisis de liderazgo en la SAE pone de manifiesto un problema estructural: la falta de una auditoría política y técnica que alinee la gestión de los activos con el programa de gobierno. Mientras se denuncian enormes desfalcos y manejos irregulares en la administración de las empresas intervenidas, la entidad parece más preocupada por el flujo de caja inmediato o por agendas internas que por el bienestar de los trabajadores. Si el gobierno no interviene para frenar esta deriva burocrática y corrupta, la SAE pasará a la historia no como el motor de la economía popular, sino como la oficina donde la retórica progresista murió a manos de la ineficacia y el desprecio por el derecho al trabajo.