Por: Redacción.

El festín de las regalías en el Atlántico: ¿Agroindustria o caja menor para el lujo?

Una investigación fiscal ha puesto al descubierto un escándalo de proporciones mayores en la administración de los recursos del Sistema General de Regalías en el departamento del Atlántico. Lo que debió ser una inversión de $15.300 millones para tecnificar el campo y fortalecer la seguridad alimentaria, terminó diluido en una red de pagos que poco o nada tienen que ver con la tierra: ópticas, clínicas estéticas, restaurantes de comida italiana y agencias de publicidad figuran como los insólitos beneficiarios de un rubro destinado exclusivamente al sector agropecuario. Este desvío de recursos no solo desnaturaliza la función de las regalías, sino que revela una falta absoluta de control sobre el destino del dinero público.

La radiografía del desfalco es demoledora: de las 82 empresas beneficiadas por este programa, 79 no pertenecían al sector agro. La negligencia en la supervisión, bajo la responsabilidad directa de la entonces gobernadora Elsa Noguera, permitió que el presupuesto se repartiera entre entidades que no cumplían siquiera con los requisitos mínimos de ley: 29 no tenían matrícula mercantil vigente, 3 se encontraban en proceso de liquidación y varias ni siquiera tenían domicilio en el departamento. El hallazgo fiscal, que supera los $14.000 millones, evidencia un esquema de asignación que parece diseñado para favorecer a contratistas específicos en lugar de transformar la productividad del Atlántico.

La ironía más cruel de este informe recae en las únicas dos empresas que sí pertenecían al sector agropecuario: lejos de florecer con la inversión, sus ventas cayeron estrepitosamente un 48%. Mientras el dinero fluía hacia clínicas y cenas de lujo, los verdaderos productores se hundían en la crisis, demostrando que el proyecto fue un fracaso absoluto en su ejecución y un éxito rotundo en la malversación. Ante este panorama, la pregunta ciudadana es inevitable: ¿Dónde está la justicia? Mientras la Contraloría documenta el saqueo, la población espera que las sanciones penales alcancen a quienes, desde las oficinas de la Gobernación, permitieron que el hambre del campo financiara los privilegios de unos pocos.