Por: Redacción.

Impuesto de vigilancia bajo la lupa

La persistencia del impuesto de vigilancia ha generado un creciente malestar entre los contribuyentes, quienes perciben este cobro como una carga económica carente de contraprestación real. Mientras los ciudadanos cumplen con el pago de este tributo destinado teóricamente a fortalecer el orden público, las cifras de criminalidad no dan tregua, evidenciando una desconexión crítica entre la recaudación de recursos y la seguridad efectiva en las calles. Para la comunidad, el impuesto ha perdido su naturaleza de servicio para convertirse en un gravamen injustificado que golpea el bolsillo sin ofrecer protección.

El panorama se agrava con el ascenso descontrolado de delitos como la extorsión, que hoy asfixia a comerciantes y familias por igual. Resulta paradójico que, en un entorno donde se exige un pago adicional por vigilancia, las bandas criminales operen con tal libertad que los ciudadanos se vean obligados a pagar una "doble tributación": la oficial al Estado y la ilegal a la delincuencia. Esta crisis de resultados ha minado la confianza institucional, dejando la sensación de que el impuesto de vigilancia es una inversión fallida en un sistema que no logra garantizar el derecho básico a la tranquilidad.

Ante este escenario, la opinión pública demanda una intervención inmediata que vaya más allá de las promesas oficiales. La comunidad exige una auditoría exhaustiva y transparente que rinda cuentas sobre el destino exacto de cada peso recaudado; solo mediante una fiscalización rigurosa se podrá determinar por qué los recursos no se traducen en una reducción del delito. Asimismo, crece el clamor por una rebaja sustancial del tributo, bajo la premisa de que no es ético sostener un cobro elevado mientras la inseguridad y la extorsión sigan siendo la norma y no la excepción.